Salva tu proyecto con un crédito al consumo

A veces resulta imposible prever algunas situaciones como la aparición de ideas que sirvan para iniciar un proyecto que pueda aportar beneficios a medio o largo plazo. El mercado financiero o la propia creatividad pueden surgir en un momento en el que se necesita un dinero con el que no se cuenta, y los créditos al consumo pueden salvar esta situación.

Por sus características los créditos al consumo están considerados una forma de préstamo personal, se puede acceder a ellos a través de una entidad bancaria o por medio de alguna plataforma o prestamista. Se trata de un producto financiero que ha sido muy solicitado por los emprendedores durante los años posteriores a la crisis y aunque pueden ayudar a un negocio a salir adelante, incluyen una serie de riesgos que hay que asumir y que pueden dañar la economía personal.

Las nuevas empresas que han surgido en la última década han utilizado los créditos al consumo como forma de financiación de productos que requieren un desembolso importante. Se suelen utilizar en la compra de muebles o electrodomésticos, aunque si no se demuestra una solvencia económica importante es muy poco probable que se concedan.

Rasgos que definen a este tipo de créditos

Como ocurre con todos los productos financieros el aspecto que más destaca es su importe, el de los créditos al consumo suele ser elevado aunque sin llegar a las cifras de los préstamos hipotecarios. Otro rasgo típico es que para que se produzca la apertura del crédito es necesario que la entidad financiera estudie la situación económica del solicitante, reclamando algunos documentos entre los que se encuentran las nóminas, las escrituras patrimoniales, los contratos de trabajo o los avales.

Otra de sus características que se convierte en una ventaja es que se tramitan en muy poco tiempo. No llegan a la rapidez de los microcréditos, pero teniendo en cuenta las cuantías que adelantan se puede considerar que el periodo de tiempo es muy bajo, aunque como contraprestación los intereses correspondientes al importe total del crédito sí llegan a ser muy altos.

Además el consumidor suele mirar con buenos ojos a los créditos al consumo ya que existe un marco legal que le protege en caso de que las condiciones varíen durante el periodo en el que están disponibles y se produzca un incremento del tipo de interés que provoque un aumento del coste total del crédito.

Normas que blindan al solicitante

En España existe una normativa que regula la concesión de este tipo de créditos, se trata de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de créditos al consumo que fija algunos puntos como la forma de pago aplazado que corresponde a cualquier producto que sirve para financiar la adquisición de un bien o servicio. Este sistema de pago también aparece blindado en otros puntos de esta ley indicando que deberá aparecer en las condiciones pactadas para la devolución de los créditos al consumo.

En la regulación de los créditos al consumo intervienen otras entidades oficiales como el Banco de España, que también los concibe como una modalidad de préstamos personales que se establecen cuando el prestador y el prestatario han firmado un contrato de concesión en el que el beneficiario se compromete a devolver la cantidad adelantada en un plazo pactado y con sus intereses correspondientes.

Aunque compartan algunos rasgos y el Banco de España los considere una modalidad de préstamo personal, los elevados intereses que están asociados a estos tipos de créditos, son mucho más altos y en ocasiones el prestador no tiene garantizada la devolución del dinero adelantado, ya que se pueden conceder sin necesidad de que haya un bien inmueble que los avale. Esto es excepcional ya que ninguna entidad financiera concederá un producto si sabe que puede perder el dinero.

Para tener una asignación más clara, el Banco de España utiliza la ley que se encarga de regularlos, pero añadiendo una cantidad mínima para que sean considerados créditos al consumo así como el establecimiento de la forma de pago, que es un punto esencial para que un crédito sea considerado de consumo.

Otro organismo que también vincula los créditos al consumo con los préstamos personales es la propia Comunidad de Madrid, que indica que ambos están destinados a la adquisición de determinados bienes y servicios y para que sean concedidos es necesaria la firma de un contrato.

Créditos que no se encuentran regulados bajo esta ley

La Ley 16/2011 de 24 de junio de contratos de créditos al consumo solo incluye a este tipo de créditos, pero dentro de esta tipología existen algunos que quedan fuera por sus características, como ocurre con los hipotecarios y los pignoraticios que son aquellos concedidos bajo una garantía que suele ser una prenda o algún tipo de mobiliario.

Esta normativa tampoco ampara a los créditos al consumo otorgados por una cantidad inferior a 200 euros, aunque esto suele ser una excepción ya que normalmente las cantidades son más altas.

Tampoco se someten a esta ley los préstamos concedidos sin ningún tipo de coste o que tienen un plazo de devolución inferior a tres meses, aunque un producto de este tipo ya no sería un crédito al consumo. Además, esta regulación tampoco incluirá a los que procedan de trámites judiciales o que estén destinados a la refinanciación de una deuda.

Qué debe saber el consumidor

En primer lugar el solicitante tiene que saber que esta ley establece que el proceso de comunicación se tiene que producir con total transparencia y la entidad emisora está obligada a informar de todos los gastos y comisiones que están asociados al producto, así como de las consecuencias que tendría que asumir el beneficiario en caso de retraso o impago de cuotas.

Algunos de los artículos de esta ley concretan aún más las obligaciones de los prestadores, por ejemplo el 11 indica que el solicitante debe recibir un asesoramiento personalizado sobre su situación económica además de una orientación sobre las condiciones del crédito que desea elegir para determinar si se trata de una buena opción para la persona interesada.

También hay que tener en cuenta el artículo 14, que indica que el prestador está obligado a conocer y analizar la situación económica del prestatario para que pueda decidir si concede o no la cantidad solicitada ajustándola a los plazos pactados.

La gran novedad del desistimiento

Un aspecto que hace de esta ley una normativa innovadora es la inclusión del derecho de desistimiento, mediante el cual el beneficiario puede comunicar al prestamista o a la entidad emisora su intención de romper con el contrato firmado. Además no tendrá la obligación de justificar los motivos de su decisión.

Este derecho también obliga al beneficiario a someterse a unos plazos de 14 días para comunicar su decisión a la entidad, disponiendo de un mes para devolver todo el dinero que se le ha prestado junto con los intereses correspondientes hasta esa fecha, una situación que a la larga sería más costosa.

Otro aspecto innovador de esta ley es que permite la firma de contratos de consumo, que son aquellos acuerdos en los que la compra de un bien o servicio está determinada por la concesión de un crédito. Para que estos se produzcan tienen que intervenir tres actores en el proceso: el beneficiario, la entidad emisora y el establecimiento donde se vaya a adquirir el bien deseado.

El papel del TIN y la TAE en los créditos

Cualquier prestatario tiene que tener en cuenta al TIN y la TAE cuando decide firmar un contrato de concesión de un préstamo o de un crédito al consumo, el motivo es que ambos términos afectan a los gastos que están asociados a estos préstamos. A pesar de que influyen de una forma similar y se consideran oficiales al estar establecidos por el Banco de España, sus funciones son totalmente distintas.

El TIN, un mero indicador

Las siglas TIN corresponden al Tipo de Interés Nominal que es el porcentaje asociado a la cantidad de dinero que se ha adelantado. El TIN se caracteriza por ser fijo y al igual que la TAE está presente en todos los préstamos, el valor del TIN puede ser pactado con la entidad bancaria que concede el crédito.

El Tipo de Interés Nominal es uno de los factores que van a determinar el coste definitivo del producto contratado, pero los cálculos no pueden depender solo de este término dado que no incluye ningún tipo de pago extra asociado al adelanto que se concede, ya que el TIN solo se ciñe a lo estrictamente acordado con el banco.

De esta forma el TIN no intervendría en la reclamación de los intereses de demora que se establecen cuando el prestatario no cumple con el tiempo y la forma pactados o en las comisiones de cancelación del préstamo que se abonan cuando el contrato es roto por alguna de las dos partes.

La TAE, un coste que hay que asumir

La Tasa Anual Equivalente es el término que corresponde a las siglas TAE y sirve para determinar el coste que se debe asumir por obtener un crédito. A diferencia de lo que ocurre en el TIN, en la TAE se incluyen todas las comisiones y gastos que se puedan asociar a cualquier producto bancario.

La TAE también determinará los beneficios que se podrán obtener de ese producto, por este motivo la Tasa Anual Equivalente está influida por el propio TIN, por los plazos estipulados para la devolución del crédito y por todos los gastos inherentes a la operación sin importar del tipo que sean.

Una de las recomendaciones que se suele dar a cualquier solicitante es que lea detenidamente el contrato y pregunte a un experto en caso de poder permitírselo. El motivo es que algunos términos como la TAE dejan fuera algunos gastos como los correspondientes a las tasas notariales o al abono de los costes de los intermediarios.

Este contexto ha propiciado que las leyes españolas se actualicen obligando a las entidades bancarias a informar a los clientes sobre todos los gastos que quedan cubiertos por la Tasa Anual Equivalente, y sobre todo por aquellos que no lo están, para evitar reclamaciones futuras que supongan un coste extra para el prestatario.

El objetivo de estas normas es que la información sea clara y específica y todo el proceso de concesión del crédito al consumo se lleve a cabo con total transparencia. La TAE no es el primer aspecto bancario sobre el que tiene que intervenir la legislación española. Para saber más de la TAE, su definición y usos principales visite este enlace.

Anteriormente tuvo que obligar a las entidades bancarias a informar sobre todos los aspectos correspondientes a la cláusula y los préstamos hipotecarios.

Un cálculo matemático para la TAE

Para calcular con exactitud a cuánto asciende el pago de la Tasa Anual Equivalente es necesario resolver una ecuación en la que influyen aspectos como el TIN, el número y la cuantía de cuotas establecidas para el préstamo, los gastos de gestión y las comisiones de apertura y cancelación.

En este caso aparece de nuevo la recomendación de contar con un experto que supervise toda la operación, así como realizar la ecuación en la propia entidad financiera revisando todos los pasos de forma pormenorizada para evitar errores que a larga puedan perjudicar al prestatario.

También es conveniente que el consumidor tenga en cuenta tanto el TIN como la TAE. A simple vista la principal diferencia que existe entre ambos es que como su propio nombre indica, la Tasa Anual Equivalente se abona una vez al año, y ese aspecto sí repercute directamente en el consumidor.

La TAE es la clara ganadora del debate que existe entre los expertos sobre cuál es el término que más afecta a los consumidores. La razón es que la Tasa Anual Equivalente incluye todos los gastos inherentes al préstamo y esto supone una gran ventaja para el solicitante, que al saber el coste total del producto puede comparar las ofertas que establecen distintas plataformas y entidades.

La utilidad del Tipo de Interés Nominal se centra en que es un indicador muy útil que aparece en cualquier tipo de crédito. Además, sin él la TAE no se podría calcular, pero no cubre la información relativa a los gastos y comisiones, un factor esencial para que el solicitante del crédito al consumo pueda valorar si accede a un determinado producto.